Afirman ayuntamientos deben mejorar niveles de transparencia y autonomía para obtener mayor legitimidad
Los gobiernos locales tienen el desafío de mejorar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas para obtener mayor legitimidad social y al propio tiempo avanzar en un régimen de incentivos que vincule estos avances de la gestión municipal con aumentos en los niveles de autonomía financiera y administrativa.
La afirmación es de Oscar Domenella, Coordinador de la Asistencia Técnica del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las Autoridades Locales (PASCAL), el cual tiene el propósito de mejorar el desempeño de 40 Ayuntamientos piloto en planificación territorial, gestión presupuestaria y de Recursos Humanos, rendición de cuenta, transparencia y participación social.
Manifestó que la administración pública local es percibida como ineficaz en el suministro de servicios, con escasa transparencia y rendición de cuentas, por lo que consideró es arriesgado tener altos niveles de autonomía y bajos de transparencia.
Al describir el escenario ideal señaló que es aquel en el que pudieran existir municipios con niveles efectivos de autonomía política, administrativa y financiera y un marco normativo procedimental adaptado a las características territoriales.
Consideró, además, que en ese escenario deben existir condiciones objetivas y herramientas de gestión para el desarrollo sostenible del territorio, contando con instrumentos para un manejo transparente de los recursos públicos como mecanismos efectivos para la rendición de cuentas.
En ese ámbito afirmó debe producirse la articulación y sinergia competencial a nivel territorial y los gobiernos locales deben gozar de la legitimidad y respaldo social, existiendo a la vez un régimen de incentivos que vincule los avances en materia de gestión y transparencia con aumentos en los niveles de autonomía financiera y administrativa.
Domenella indicó que la proporción de los recursos públicos manejados por los gobiernos locales son insuficientes para cumplir con las competencias y estándares administrativos que les exige la legislación dominicana.
Expuso que los gobiernos locales se ven también afectados por la escasa evolución del marco normativo, la baja institucionalidad de la administración pública municipal, la cultura política y el bajo nivel de coordinación entre el gobierno central y municipal.
En relación con el marco normativo dijo que hay un estancamiento de la Ley Orgánica de la Administración Local y del reglamento para la incorporación de los servidores municipales a la carrera administrativa.
La creación de las entidades municipales no ha sido fundamentada con criterios de descentralización o desconcentración administrativa, ni existe un marco de proporcionalidad entre las necesidades de cohesión territorial, la complejidad del territorio, los factores socio demográficos, económicos y las estructuras de gestión de los gobiernos locales, adujo.
También expresó la necesidad de mayores niveles de coordinación con el gobierno central en los municipios para generar desarrollo.
Las afirmaciones de Oscar Domenella se produjeron al participar en el Diálogo sobre Políticas Públicas, que en esta oportunidad abordó el tema Transparencia y Autonomía Municipal: desafíos para los gobiernos locales y la sociedad civil. El mismo es un espacio de discusión y debate organizado por la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Previo a la presentación de Domenella habló el Dr. Genaro Rodríguez, Director del Recinto Santiago de la UASD, quien destacó la pertinencia del tema y la necesidad de que los gobiernos locales mejoren su desempeño mediante la profesionalización de los funcionarios municipales, haciendo mayor rendición de cuentas y promoviendo la participación de la ciudadanía.
En tanto que Ana Vásquez valoró positivamente al Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las Autoridades Locales que se desarrolla con financiamiento de la Unión Europea. En el PASCAL intervienen actores gubernamentales y no gubernamentales, encabezados por el Ministerio de Administración Pública y entidades concurrentes del gobierno central, y los ayuntamientos. Un consorcio integrado por 10 organizaciones de la sociedad civil intervendrá en los municipios que han sido seleccionados para contribuir a mejorar la gobernabilidad democrática y la cohesión social a nivel municipal.
