Conclusiones de control social evidencian ayuntamientos avanzan poco en materia de transparencia presupuestaria
El monitoreo a la formulación y aprobación del Presupuesto Municipal 2014 en los municipios de la Provincia de Santiago revela que aunque se reflejan algunos avances, hay mucho terreno por recorrer para implementar políticas públicas municipales participativas, eficaces y transparentes que garanticen la prestación de servicios de calidad, ya que en la mayoría de ellos no se registra el proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
En lo que se refiere al ciclo del presupuesto municipal, lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios fue cumplido por tan solo 4 de los 9 Ayuntamientos.
Respecto al Presupuesto Participativo Municipal (PPM), aunque todos los ayuntamientos afirman haber realizado consultas para la formulación y aprobación del mismo, solo se pudo comprobar que los ayuntamientos de Santiago, Villa González, Navarrete y San José de las Matas desarrollaron las consultas ciudadanas con apego al procedimiento instituido.
En Santiago se realizaron 32 de consultas comunitarias, ocho (8) asambleas zonales, una asamblea municipal y un cabildo abierto, participación de 6,847 munícipes y 32 obras aprobadas por un monto de RD$76, 905,460.27. En Villa González, se realizaron 7 consultas comunitarias, una asamblea con el comité de seguimiento y se aprobaron 11 obras por un monto de RD$9, 589,331.00; en San José de las Matas dieciséis (16) consultas comunitarias y se aprobaron igual número de obras, participando 501 pobladores. En Villa Bisonó Navarrete siete (7) asambleas comunitarias con igual número de obras aprobadas por una inversión de RD$3, 450,000. 00.
La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios dispone que el PPM tiene por objeto establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40% de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional por concepto de la Ley 166-03, así como de los ingresos propios aplicables a este concepto. Las consultas deben ser comunitarias, zonales, sectoriales y municipales, para lo cual el Concejo de Regidores de casa municipio habrá de aprobar un reglamento.
Instituye, también, los Comités de Seguimiento y Control Municipal y Seccionales con el mandato de contribuir a la ejecución de las ideas de proyectos que fueron aprobadas por el Presupuesto Participativo Municipal y que fueron incorporadas al presupuesto municipal del año, y de supervisar que éstas se realicen en el orden de prioridad establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados”. Sin embargo, solo los ayuntamientos de Santiago y Villa González cumplieron con ese mandato de la Ley 176-07.
En los ayuntamientos de los municipios de Puñal, Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas, Licey, Tamboril y Navarrete no se instituyó el Comité de Seguimiento y Control Municipal como dispone la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, sostiene el informe.
En lo que respecta a la realización del Cabildo Abierto, sesión del Concejo de Regidores, donde se aprueban las obras decididas en las consultas del PPM, las asambleas zonales y la asamblea municipal, solo un ayuntamiento cumplió con esa disposición.
El Informe de Monitoreo a la formulación y aprobación del Presupuesto Municipal 2014 en los municipios de la Provincia de Santiago, establece que solo en los ayuntamientos de Santiago y Villa González fue posible verificar que las obras priorizadas en el marco del PPM fueron incluidas en el presupuesto.
Un dato relevante es que solo 4 de los 9 ayuntamientos correspondientes a los municipios de la provincia de Santiago aprobaron el presupuesto municipal antes del 31 de diciembre como consigna la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
El desarrollo del monitoreo estuvo a cargo de un equipo de la Fundación Solidaridad que trabajó en la formulación de los objetivos, elaboración de indicadores y criterios a ser considerados para la puesta en marcha del mismo.
La metodología incluyó entrevistas a alcaldes, funcionarios/as de los ayuntamientos (encargado/as de presupuestos, gerentes financieros, regidores/as y personal directamente involucrado con la organización de las consultas ciudadanas).
Dirigentes de organizaciones de la sociedad civil de los municipios y representantes de juntas de vecinos fueron entrevistados con el propósito de recabar de ellos informaciones sobre el proceso en sus municipios. Haciendo uso de la Ley General de Libre Acceso a la Información se procedió a solicitar los documentos que dan sustento al informe. Este ejercicio de control social evidencia nueva vez las limitaciones para acceder a informaciones públicas completas, veraces y oportunas.
El levantamiento y tratamiento de las informaciones se realizó en base a 2 indicadores y 11 criterios definidos a partir de la “Guía para el Control social de los ayuntamientos”, los cuales están orientados a medir el cumplimiento o no de los plazos y procedimientos para la formulación del presupuesto municipal y a la realización o no de consultas ciudadanas para el Presupuesto Participativo Municipal y la conformación del Comité de Seguimiento y Control Municipal.
Desde ya la Fundación Solidaridad sigue trabajando en el monitoreo de la ejecución presupuestaria de los presupuestos 2014 de los Ayuntamiento de esta Provincia.
