Manifiesto por la participación ciudadana
en el Presupuesto General del Estado 2020
de República Dominicana.

Más de 30 Organizaciones sociales reunidas en la ciudad de Santiago de los Caballeros han celebrado el primer Foro Regional por la participación social en la formulación del presupuesto 2020, espacio a través del cual se ha debatido sobre la constante carencia de espacios abiertos e inclusivos de participación de la ciudadanía en la etapa de formulación del presupuesto nacional en la República Dominicana, arrojando el presente Manifiesto.

La participación de la ciudadanía en el proceso presupuestario es un ejercicio democrático de primer orden, en el cual se le da poder a la gente en la toma de decisiones sobre el uso y prioridades de los recursos públicos que, de por sí, son posibles gracias a los impuestos que pagan.

En el país solo se registran avances en cuanto a la disposición al público de documentos presupuestarios claves, de acuerdo con las mediciones que de manera sistemática se han realizado por medio de la Encuesta de Presupuesto Abierto, la cual en su última medición colocó a la República Dominicana con una puntuación de 66 sobre 100. Sin embargo, esta situación contrasta con la puntuación obtenida en cuanto a participación de la ciudadanía, aspecto en el cual el país apenas obtuvo una puntuación de 17 sobre 100. En adición a esto, R.D. no se compromete con los principios de participación ciudadana recomendados por la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en ingles).

Es por ello que se afirma que la transparencia por sí sola es insuficiente para mejorar la gobernanza, por lo cual se entiende que la participación pública en la preparación de presupuestos es esencial para alcanzar los resultados positivos asociados con una mayor transparencia presupuestaria.

En consecuencia, en dicho informe se realizaron recomendaciones concretas para que República Dominicana mejore la participación de la ciudadanía en el proceso presupuestario, recomendando entre otras las siguientes medidas:

A.

Implementar pilotos de mecanismos para los miembros del público y los funcionarios del ejecutivo para intercambiar opiniones sobre cuestiones del presupuesto nacional durante la formulación del mismo y el monitoreo de su implementación;

B.

Mantener audiencias legislativas sobre la formulación del presupuesto anual, durante las que pueda testificar cualquier miembro del público o de las organizaciones de la sociedad civil.

Transcurrido más de un año de estas recomendaciones, las organizaciones sociales suscritas al presente documento manifiestan que el gobierno dominicano no ha abierto las puertas a la participación de la ciudadanía en la etapa de formulación del presupuesto nacional, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales y con las disposiciones de la Constitución de la República y las leyes nacionales, como es la Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Por otra parte, en relación a la equidad territorial en la asignación de los recursos, se constata que a pesar de su cuantioso aporte a la economía del país, los empleos que genera y el número de contribuyentes registrados que posee Santiago, el Gobierno Central no ofrece lo suficiente a la provincia en el presupuesto nacional para el año 2019. Con apenas un 6.1% de toda la inversión de capital, la inversión per cápita en la provincia apenas ascenderá a 3,850 pesos por habitante, un 25% por debajo de la media nacional, que se sitúa en 4,828 pesos por habitantes.

En virtud de todo lo planteado anteriormente, las organizaciones participantes del Foro demandan:

1.

Que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), habiliten un mecanismo piloto de participación de la ciudadanía en la determinación de sus prioridades locales y regionales, iniciando con la inclusión en el calendario presupuestario actividades de consulta ciudadana directas y vinculantes en Santiago y Cibao Norte durante la presente etapa de formulación del Presupuesto 2020.

2.

Que tras la realización de la referida consulta ciudadana, MEPyD y la DIGEPRES provean una oportuna retroalimentación sobre cómo se integraron las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas en la formulación del presupuesto 2020. Esto sería un proceso que avance hacia un modelo de Presupuesto Participativo Nacional (PPN).

3.

Que se habilite el funcionamiento real de los Consejos Municipales y Provinciales de Desarrollo como auténticos mecanismos de participación de la ciudadanía en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto nacional y los proyectos decididos de manera consensuada, de acuerdo con la Ley y los reglamentos para tales fines.

4.

Que los 18 diputados y el senador de la provincia, a fin de defender los intereses de los municipios y sus diferentes comunidades, prioricen en el período mayo-agosto 2019, encuentros con la ciudadanía para conocer las prioridades de Santiago que deberán proponerse y defenderse cuando el proyecto de presupuesto 2020 sea presentado en la agenda del Congreso Nacional.

5.

Que sean incluidas en el presupuesto 2020 las apropiaciones presupuestarias para obras vitales para nuestras comunidades, entre las cuales se destacan el Acueducto de Baitoa, la terminación del Hospital José María Cabral y Báez, la habilitación de los planteles escolares, las marginales de la Circunvalación Norte y sistemas cloacales en varios municipios.

6.

Que se destine una mayor inversión estatal y mejor calidad del gasto en salud, como la ha estado demandando la Alianza Por el Derecho a la Salud (ADESA), específicamente para personal, medicamentos, construcción y equipamiento de los centros de salud para la atención primaria en la provincia.

7.

Que se destinen mayores recursos para enfrentar el déficit de viviendas para sectores de bajos ingresos de la provincia Santiago.

8.

Que se cumpla con el mandato de la Ley 166-03 que establece los recursos que deben ser trasferidos a los ayuntamientos.

9.

Que en el Presupuesto Nacional se especialicen los recursos necesarios para apoyar programas de seguridad ciudadana y reducción de la violencia y criminalidad en nuestros municipios.

En Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a los 7 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019).